Cuando el derecho a la tierra no significa derecho a sus recursos

Cuando el derecho a la tierra no significa derecho a sus recursos

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Aunque las comunidades indígenas de todo el mundo están logrando cada vez más el reconocimiento de sus derechos sobre sus tierras ancestrales, los derechos sobre los recursos de esas tierras siguen siendo inciertos. La investigación ha descubierto que los procesos de formalización de derechos sobre la tierra emprendidos por los Estados no siempre garantizan a los pueblos indígenas el derecho a beneficiarse de recursos como la madera, el petróleo, el gas o incluso el carbono almacenado en los árboles y el suelo.

De hecho, en un reciente estudio se identificó varios casos de denuncias de abusos de los derechos indígenas en el contexto de iniciativas globales climáticas y de desarrollo como REDD+, un mecanismo que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación, a la par que logra avances en una serie de objetivos sociales y ambientales y que puede incluir pagos por evitar las emisiones de carbono.

Este problema pone de manifiesto que es prioritario definir y asegurar la tenencia local en cualquier enfoque para el cambio climático o el desarrollo sostenible basado en la tierra, según el antropólogo social Juan Pablo Sarmiento Barletti del Centro para la Investigación Forestal Internacional.

“Es muy importante que estas grandes iniciativas como REDD+ o FLR [siglas en inglés de Restauración del Paisaje Forestal] sean conscientes del contexto en el que intervienen, y que estén bien equipadas y preparadas para enfrentar los problemas ligados a los derechos”, dijo Sarmiento Barletti durante el Global Landscapes Forum realizado recientemente en Bonn, Alemania.

Luego de un panel de discusión sobre el tema, Sarmiento Barletti explicó más acerca de la investigación de CIFOR sobre la conexión entre los derechos, la tenencia y el clima global y los objetivos de desarrollo.


Este tema fue debatido como parte de una sesión titulada “Oportunidades y lecciones aprendidas para mejorar y acelerar el reconocimiento de los derechos sobre las tierras comunitarias”, organizada por la Iniciativa para los Derechos y Recursos y el Centro para la Investigación Forestal Internacional.


Aquí, en el Global Landscapes Forum, usted participó en un panel de debate sobre los derechos a las tierras comunitarias. ¿Cómo se relaciona su investigación con este tema?

Como parte de nuestra investigación en CIFOR, estamos analizando iniciativas de múltiples partes interesadas en cuatro países: Perú, Brasil, Indonesia y Etiopía. Y lo que buscamos entender realmente es cómo mejorar la participación en estos lugares para que los resultados sean equitativos para las personas que viven en los bosques y las comunidades que dependen de estos.

Y estamos muy interesados en los derechos a la tierra y en las iniciativas de formalización para el reconocimiento de los derechos a la tierra. Aquí, en el GLF, hemos aprendido de diferentes experiencias en todo el mundo: hubo participantes de Kenia, Filipinas y los Estados Unidos, incluidos profesionales, representantes de los pueblos indígenas e investigadores.

¿Puede mencionar un ejemplo de un país de su investigación?

En el Perú hay un movimiento importante hacia la titulación y formalización de los derechos colectivos para los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, lo cual es resultado de un acuerdo estrechamente relacionado con REDD+, que el Perú firmó con Noruega y Alemania. Mediante este acuerdo, Perú se ha comprometido a titular 5 millones de hectáreas de tierras para los pueblos indígenas.

Esto demuestra el enorme impacto que los donantes pueden tener en las políticas nacionales, porque Perú, aunque es visto como un fantástico caso de estudio sobre las buenas relaciones entre territorios y derechos comunitarios, durante muchos años estuvo rezagado en términos de completar los procesos de titulación de algunas comunidades, e incluso simplemente aceptar solicitudes para la titulación de otras. Internacionalmente, Perú ha sido visto como un caso exitoso para los derechos colectivos a la tierra debido a las áreas tituladas históricamente, pero en la práctica había dejado de titular territorios indígenas desde el año 2000, hasta hace poco.

Lo que vemos, entonces, es este esfuerzo enorme para titular a las comunidades antes de que REDD+  se implemente plenamente en el país. Si bien REDD+ tiene sus pros y sus contras, este reconocimiento de la importancia de asegurar los derechos antes de las iniciativas de REDD+ ha sido realmente importante en el Perú.

Cuando hablamos de derechos comunitarios, ¿qué queremos decir realmente? ¿Es el derecho a la tierra en sí, o el derecho a todos los recursos involucrados?

Esa es realmente una pregunta clave. Porque lo que vemos cada vez más es que, aunque las comunidades indígenas puedan tener el título sobre un espacio determinado, sus derechos sobre los recursos no están garantizados. Haciendo referencia nuevamente al caso del Perú, por ejemplo, el Estado aún es dueño de todos los recursos del subsuelo de las tierras indígenas tituladas. Así pues, si se encuentra petróleo o gas natural bajo una tierra titulada en Perú, se le considera propiedad nacional y no propiedad de las personas que poseen los derechos sobre esa tierra.

Esto ha llevado a que algunos países —el Perú entre ellos, pero también otros— otorguen derechos de concesión sobre territorios titulados a empresas extractivas; porque, al fin y al cabo, las comunidades indígenas no son propietarias del subsuelo.

A pesar de contar con un conjunto de derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la mayor parte del mundo las comunidades indígenas tienen poco poder de decisión respecto de si los proyectos extractivos en sus tierras, o colindantes a estas, son aprobados o no. A menudo, se ven obligados a negociar directamente con las empresas para lograr algún tipo de compensación por el impacto que los procesos extractivos tienen en su bienestar y sus medios de vida.

Ahora hay un problema aún más complicado: que los Estados no solo están reclamando los derechos al subsuelo, sino también los derechos al carbono, que es muy importante para iniciativas como REDD+. Entonces, sí, los pueblos indígenas pueden tener derecho a la tierra, pero no tienen derechos sobre todos los recursos.

¿Qué se está haciendo para resolver este problema de la superposición de derechos a la tierra y los recursos?

Algunas acciones relacionadas con el desarrollo y el cambio climático cuentan con algo llamado “salvaguardas sociales”. El problema es que estas salvaguardas no siempre son obligatorias. En nuestra investigación sistemática de la literatura académica sobre el tema, encontramos que cuando se trata de REDD+, a los países se les pide solo que promuevan y respeten las salvaguardas, en lugar de estar obligados a ejecutarlas, y tampoco se les pide que desarrollen mecanismos confiables de reclamos.

Y el otro gran problema es que aunque REDD+ ha sido creada con las mejores intenciones y hay mucha buena voluntad de por medio, se aplica en un contexto local, y los contextos locales son variados. Estos contextos están determinados por diferentes historias de interacción entre los Estados y los pueblos indígenas; hay diferentes historias de discriminación, diferentes historias de prácticas de exclusión en la toma de decisiones. Entonces, a pesar de que existe esta gran idea, su implementación se ve afectada por el contexto local.

Nuestra búsqueda sistemática de literatura académica halló una variedad de casos diversos sobre supuestos abusos de estos derechos en muchos lugares del mundo dentro del contexto de REDD+. No es que REDD+ sea siempre la causa de estos abusos, sino que se está implementando en espacios donde ocurren abusos de derechos, y donde no se han respetado los derechos en el pasado.

Lo que descubrimos es que REDD+ por sí solo no está lo suficientemente preparado para enfrentar este tipo de situaciones. Por ello formulamos una serie de recomendaciones sobre cómo creemos que es posible avanzar hacia un enfoque basado en derechos que beneficie a los pueblos indígenas en adelante: un enfoque que coloque a los pueblos indígenas en una posición central para definir su propio futuro.

¿Y qué recomendó su investigación para acciones futuras?

Creemos que la participación plena y efectiva de las comunidades, incluidos hombres y mujeres, es sumamente importante. Si las comunidades locales no son parte de una iniciativa desde el principio (lo que implica participar en su definición y en darle forma para satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones), es menos probable que la consideren legítima. Tenderán a no tener un sentido de pertenencia sobre la misma, lo que puede llevar a que la iniciativa no sea tan exitosa como podría haber sido.

Por ello, si las personas que viven en las tierras son los beneficiarios previstos, o los usuarios finales previstos, y no son incorporados al proceso, nunca aprenderán cómo una iniciativa se puede aplicar a sus vidas. O usted podría no descubrir que la iniciativa no se aplica a sus vidas en lo absoluto. Esto incluye la introducción de acciones de desarrollo de capacidades para su participación efectiva donde sea necesario.

Pero, lo que es más importante, esto va más allá de tratar a los pueblos indígenas como partes interesadas, a reconocerlos como titulares de derechos con la capacidad de determinar su propio futuro. Y esto requiere un reconocimiento pleno del papel clave que estas comunidades desempeñan en la protección de los bosques, y el rol central que deben desempeñar en cualquier iniciativa relacionada al cambio climático sobre estos bosques.

Para obtener más información sobre este tema, por favor póngase en contacto con Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cgiar.org.

Esta investigación forma parte del Estudio Comparativo Global de CIFOR sobre REDD+  y  fue apoyada por la Agencia Noruega de Desarrollo y Cooperación (NORAD), la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), y el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) del CGIAR con el apoyo económico del Fondo de Donantes del CGIAR: on.cgiar.org/CGIARFundDonors.

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